Agenda Compartida en el II Congreso Estado y Políticas públicas organizado por FLACSO Argentina

El 30 de noviembre, en el marco del II Congreso Estado y Políticas públicas organizado por FLACSO Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación, Agenda Compartida presentó el panel “Evaluación y toma de decisiones: posibilidades y limitaciones de un nuevo paradigma en tiempos del neoliberalismo tardío”.

El 30 de noviembre, en el marco del II Congreso Estado y Políticas públicas organizado por FLACSO Argentina y el Centro Cultural de la Cooperación, Agenda Compartida presentó el panel “Evaluación y toma de decisiones: posibilidades y limitaciones de un nuevo paradigma en tiempos del neoliberalismo tardío”.

 

En dicho panel participaron los siguientes expositores:

-          La Lic. María Gabriela Molina –docente investigadora de la UNLa y ex coordinadora de la Unidad Ejecutora del programa de Ingreso Social con Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación– que presentó la ponencia titulada: “La propuesta de un sistema integrado de evaluación frente a la fragmentación o la creación de agencias”.

-          La Mg. Julieta Rosi –Directora de la Maestría en Derechos Humanos e investigadora del Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la UNLa– que presentó la ponencia “El rol de los indicadores de derechos humanos en la evaluación de políticas públicas en materia social. Avances y desafíos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos". 

-          La Mg. María Eugenia Brissón, la Lic. Dolores Guichandut y la Lic. Analía Martinez –docentes investigadoras e integrantes del programa Agenda Compartida de la UNLa– con la ponencia: “Repensando la evaluación de las políticas públicas en el escenario del cambio de ciclo​”.

-          El Dr. Diego Pereyra –Director de la Especialización en Evaluación de Políticas Públicas y docente investigador integrante del Programa Agenda Compartida de la UNLa– quien presentó la ponencia: “Formando evaluadores para un nuevo paradigma. Reflexiones y experiencias desde la Especialización en Evaluación de las Políticas Públicas (UNLa- UNAJ)”.

 

El coordinador del panel fue el Lic. Matías Mattalini, Director de Planificación y Evaluación de la Gestión e integrante del programa Agenda Compartida de la UNLa.


 

Entre las conclusiones más significativas de los temas abordados en el panel podemos señalar:

1)      El reconocimiento de que la evaluación –en tanto disciplina, actividad y proceso – también está atravesada por la tensión entre dos modelos: uno de ampliación y búsqueda de efectivización de derechos en el marco de una articulación sinérgica entre el Estado – sociedad civil (al decir de Neirotti) y otro neoliberal tardío (al decir de García Delgado) que pone el Estado al servicio de los intereses privados. En este sentido, la evaluación puede plantearse o bien para responder a la pregunta por cuánto le falta a una política pública para efectivizar un derecho o bien puede utilizarse como herramienta para justificar una reducción en la inversión social (catalogada como gasto) para evitar el déficit fiscal. De este modo, la evaluación puede quedar asociada exclusivamente al control, la fiscalización y la revisión de resultados desde una perspectiva eficientista o bien puede transformarse en un instrumento para el aprendizaje institucional y la mejora de la gestión en función de las demandas y las necesidades de la población. 

 

2)      La necesidad de incorporar la perspectiva integral e integrada para la configuración de un sistema de evaluación de políticas públicas en Argentina. Diversos proyectos de Ley promueven la creación de Agencias de Evaluación que sobre todo se focalicen en las políticas sociales. Por el contrario otras propuestas hablan de valorar las estructuras existentes en la administración pública y buscar medios a través de los cuales se puedan construir criterios comunes. La perspectiva integrada incluye la adopción de la intersectorialidad y la interjurisdiccionalidad como desafíos y como posibilidades para aprovechar los recursos y abordar la complejidad a la hora de evaluar una política que busca responder a un problema de carácter público. Así, la evaluación se convierte en una actividad que está llamada a fortalecer la democracia brindando elementos a la ciudadanía para exigir los derechos y a la gestión pública para mejorar las intervenciones y mejorar la calidad de vida de la población.

 

3)      La demanda por la incorporación del enfoque de derechos en los procesos evaluativos. Tal enfoque implica un marco orientador que permite considerar los compromisos que asumen los Estados en el marco de los tratados internacionales y brindar a la ciudadanía un instrumento para exigir la efectivización de los derechos. Es preciso, en esta dirección, construir indicadores y visibilizar “señales de progreso” cualitativas en materia de derechos humanos a partir de la implementación de políticas públicas o bien evidenciar retrocesos y compromisos incumplidos a fin de que se puedan exigir democráticamente los derechos.

 

4)      Por último, la necesidad de formar profesionales en evaluación capaces de asumir el enfoque de derechos y el fortalecimiento de la democracia como principios tanto en los aspectos teórico-metodológicos como ético-políticos que están presentes en una instancia de evaluativa. Además, la perspectiva integral e integrada implica que los funcionarios, los académicos y los profesionales que están inmersos en el mundo de la evaluación encuentren espacios de debate donde se puedan exponer diversos puntos de vista e intercambiar experiencias. En esta línea, hay que avanzar en alianzas estratégicas entre las unidades de evaluación de la administración pública y las universidades e institutos de formación.

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